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Simón Alberto Consalvi

Los riesgos del poder absoluto
29/03/2009
Las tres últimas pruebas electorales demostraron que el proyecto de implantar un régimen personalista y autocrático, generalmente conocido con el común denominador de "socialismo del siglo XXI", estaba condenado al fracaso si su propulsor lo remitía a las consultas populares. Esta conclusión explica los apremios, decisiones improvisadas contra las regiones y los sectores de la producción y del trabajo, tomadas a partir de la última de esas consultas populares.
Veamos: el 2 de diciembre de 2007 fue derrotado el proyecto de reforma de 69 artículos de la Constitución destinados a concentrar el poder no es manos del Estado centralista, sino del presidente de la República. Una de sus metas era la creación de 7 vicepresidencias regionales para anular a los gobernadores, y la aprobación de la presidencia vitalicia. El 23 de noviembre de 2008 el proyecto autocrático sufrió otra gran derrota al resultar vencedores los candidatos oposicionistas en estados de tanta significación como Miranda, Carabobo, Nueva Esparta y Zulia, más las alcaldías de la región metropolitana, incluido el alcalde mayor.
Contra lo establecido por la Constitución, la propuesta de presidencia vitalicia volvió a ser sometida a referéndum el 15 de febrero 2009. Si bien obtuvo la ventaja de 1 millón de votos, ese margen fue producto de una campaña que comprometió seriamente las finanzas del Estado, puestas al servicio de la parcialidad política que lo controla. Varios millones de bolívares costó al erario público cada uno de los votos de ese millón. Es pertinente precisar que el promotor del proyecto esperaba una ventaja de 3 millones.
Dado que el Presidente percibe que su popularidad tiende a bajar y que las vacas gordas del petróleo no volverán, resolvió precipitar sus planes de control absoluto del poder. Una carta fundamental de estos planes es la reducción de las competencias y recursos de los gobernadores y alcaldes. Esos resultados explican los arrebatos de los últimos tiempos.
Obedeciendo órdenes de Miraflores, la Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público de 1989, año en que se llevó a cabo una reforma sustancial, pero tardía, del sistema venezolano al establecerse por primera vez la elección popular de los gobernadores, designados hasta entonces por el presidente de la República.
Cuando digo que aquella de 1989 fue una reforma sustancial pero tardía, no hago una afirmación banal. El vicio centralista echó profundas raíces en la mentalidad política, de modo que transcurrieron treinta años desde la caída de la dictadura y el establecimiento de la democracia para que esa conquista se hiciera realidad. Sólo los pobres de espíritu pueden suponer que la profundización de la democracia es obra de los dioses. A partir de la elección de gobernadores el mapa político venezolano dejó de ser bipartidista.
En los años noventa fueron al poder otros partidos. De ahí que la elección de gobernadores adquiriera connotaciones de hecho histórico.
Veinte años después, el Presidente de la República echa por tierra esa gran conquista democrática con la complicidad de unos partidos que, teóricamente, y como tales, deberían tener interés en la preservación de esa conquista.
La conspiración oficial contra tan arraigados sentimientos de las regiones, fatigadas en aquellos tiempos previos al 89 de que los presidentes les enviaran forasteros y amigos a gobernarlos, se instrumenta a través de la adulteración farisaica de una reforma de la ley de descentralización, cuando lo más honesto (presupuesto improbable) habría sido someterla a la guillotina, simple y llanamente, para que no quedara de ella ni el nombre.
Como expresión de ese proceso de disminución de las gobernaciones y de las alcaldías y concejos municipales (a través de miles de consejos comunales dependientes de Miraflores), el jefe revolucionario dispuso la ocupación de puertos y aeropuertos, a pesar de que el artículo 164 de la Constitución dispone que es competencia de los estados.
Visiblemente, a ninguno de los poderes del Estado les preocupa la violación sistemática de la Constitución. Ante la severa crisis que comienza a padecer Venezuela (no tanto por la caída de los precios del petróleo como por las políticas de despilfarro dentro y fuera del país), ahora se despoja a las gobernaciones de sus atribuciones y competencias y se les incautan sus ingresos. Mal tiempo para este dominio absoluto de la sociedad. La revolución no administra, sino despilfarra, y todo su poder emana de la demagogia acompañada de subsidios y dádivas. Esto se ha terminado, y mientras más facultades detente, mayores serán las responsabilidades que recaerán sobre el régimen bolivariano, en momentos en que el Estado plutocrático, incompetente, malversador y caótico se convierte en parásito de la gente.